El 2 de marzo de 2019, una puerta blindada en el sótano de la Ciudad del Vaticano se abrió para un puñado de historiadores con credenciales específicas. Detrás había 16 millones de documentos del pontificado de Pío XII, el papa que gobernó la Iglesia entre 1939 y 1958 — es decir, durante todo el Holocausto. Durante setenta años, ese material había estado cerrado con un sello que solo los papas podían romper. Francisco lo rompió.
No encontraron una caja fuerte con un plan secreto. Encontraron algo más difícil de digerir: la contabilidad moral de una institución que supo, calculó y eligió.
El “Archivo Secreto Vaticano” —renombrado Archivo Apostólico Vaticano en 2019, precisamente para quitarle el morbo a la palabra “secreto”— no es un sótano con pergaminos prohibidos. Es un archivo administrativo de más de 600 fondos documentales que acumula doce siglos de correspondencia, actas, nunciaturas y cuentas. La regla tradicional era simple: los documentos de un pontificado se abrían 70 años después de su cierre, para proteger a los implicados vivos. Pío XII murió en 1958. Su archivo debía abrirse en 2028.
Francisco adelantó la fecha nueve años. El motivo oficial fue pastoral: permitir que los historiadores juzgaran con documentos, no con rumores.
No fue una apertura total. Solo se desclasificó el fondo de Pío XII. El archivo de Pío XI (1922–1939), que cubre la ascensión del nazismo, sigue en proceso. El de Juan Pablo II, que abarca el caso de los abusos sexuales, permanece casi enteramente cerrado. Y la sección más antigua, el Archivo de la Inquisición Romana, se abrió parcialmente en 1998 pero solo hasta 1903.
Lo que los historiadores encontraron en 2019 fue menos un golpe de efecto y más una lección de burocracia. Los equipos de investigación —liderados por figuras como David Kertzer, de Brown University, y Hubert Wolf, de Münster— coincidieron en un patrón: Pío XII no ignoraba lo que ocurría en Europa. Recibía informes detallados de los nuncios en Berlín, Budapest, Bratislava y Vichy.
Sabía de las deportaciones. Sabía del destino de los judíos. Y decidió, una y otra vez, no hablar con claridad.
Kertzer, cuyo libro The Pope at War (2022) se basa en estos fondos, documentó que Pío XII consideraba a Hitler y a Stalin igualmente peligrosos y temía que una condena explícita provocara represalias contra católicos alemanes y una escalada nazi contra el Vaticano. La pregunta que los documentos no resuelven es si ese cálculo era prudencia o cobardía — o si la distinción importa.
Los archivos no revelaron un plan secreto del Vaticano durante el Holocausto. Revelaron algo más incómodo: papeles que prueban cuántas veces se eligió el silencio teniendo la información a mano.
El detalle que más incomodó a los investigadores no fue lo que Pío XII dijo, sino lo que ordenó no decir. Instrucciones a los nuncios para que moderaran el lenguaje. Cartas que pedían “prudencia pastoral” ante denuncias concretas de deportaciones. Una administración que trataba el genocidio como un asunto diplomático más.
La segunda capa del archivo —la del dinero— fue igual de reveladora. La apertura de 2019 coincidió con un esfuerzo paralelo por documentar la historia del Instituto para las Obras de Religión, el banco vaticano conocido como IOR. Sus vínculos con bancos suizos, con la logia masónica Propaganda Due y con el colapso del Banco Ambrosiano en 1982 —que terminó con el banquero Roberto Calvi colgado de un puente en Londres— están documentados en procesos judiciales italianos y en los propios archivos vaticanos parcialmente desclasificados.
El debate entre historiadores sigue abierto y es genuinamente técnico. Kertzer sostiene que Pío XII actuó por cálculo político y temor al comunismo, no por convicción moral. Hubert Wolf, que trabajó directamente sobre las peticiones de ayuda llegadas al Vaticano, encontró que muchas fueron archivadas sin respuesta. La historiadora italiana Emma Fattorini ha argumentado, en cambio, que el papa veía cualquier condena pública como un riesgo de empeorar la situación para los judíos y los católicos.
